Gustavo Menares asegura que no hay pruebas de pinchazos telefónicos y que su representado -el mayor (r) Gonzalo Alveal- nunca ha sido un espía.

«A partir de la formalización, esto se transforma en un túnel sin salida».
Tajante y directo, Gustavo Menares -abogado del mayor (r) de Carabineros Gonzalo Alveal- no sólo niega los cargos con que la Fiscalía Sur formalizará como autor de interceptación telefónica ilegal a este ex jefe de la Dipolcar, sino que también asegura que «no vamos a negociar ninguna salida alternativa, porque no aceptamos las acusaciones gratuitas de que el mayor Alveal era prácticamente un espía».

El caso mantiene en alerta al mundo político dado que un ex policía -Esteban Infante- denunció, ante la comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, que varios parlamentarios fueron víctimas de esos «pinchazos» telefónicos.

Según Menares, el ex oficial nunca traspasó los límites legales ni en éste ni en otros caso donde utilizó métodos intrusivos (Los «Cara de Pelota», los «Car’e Jarro», Spiniak y el psicópata de Alto Hospicio).

A juicio de Menares, los cargos contra Alveal no tienen mayor sustento porque la escucha telefónica que se hizo -a raíz de una denuncia que hizo Gendarmería por un supuesto tráfico de drogas y armas al interior del penal de Colina I- contó con la autorización del Tribunal de Garantía de Colina, lograda por el fiscal Patricio Macaya.

En esas escuchas, y por casualidad, «se detecta que un funcionario policial de la 19 comisaría de Providencia estaba haciendo un negocio paralelo: vendía datos que consultaba en el sistema biométrico, que sólo pueden consultar las policías y el Ministerio Público», y como era una información que no se podía obviar, Alveal instruyó un sumario administrativo que derivó en la salida de ese carabinero descubierto y de Infante. «Y en ese contexto aparece el abogado Claudio Cofré (de Infante), que es un ex funcionario de Carabineros de Chile, que en virtud de la Ley de Transparencia hace una presentación a la Dipolcar y solicita que se especifique si unos números de teléfono habían sido intervenidos. Y el coronel que responde esto dice que en ambos teléfonos se han practicado escuchas y que los antecedentes están en la fiscalía. Con eso, Cofré dice que hay interceptación ilegal porque estaba autorizado sólo uno y el otro no».

Este punto es gravitante, a juicio de Menares, «porque el coronel que evacuó ese memo (coronel Ramiro Larraín) ha declarado en la investigación y en reiteradas oportunidades que se equivocó, que entendió mal lo que le estaban preguntando y que contestó mal, porque nunca se interceptaron los dos teléfonos, sino uno solo».

Para aclarar el punto, dice, el mismo día que el primer fiscal del caso, Andrés Montes, tomó declaración al mayor Alveal, solicitaron que oficiara a la compañía telefónica para que informara si el teléfono en cuestión había sido intervenido. «lo que aún no se ha hecho. Y en este momento se está concretando una formalización sólo con el mérito de que en alguna oportunidad un funcionario de Carabineros contestó equivocadamente».

Montes dejó el caso y lo asumió el fiscal de la Zona Sur, Raúl Guzmán, quien optó por la formalización del ex uniformado.

-Y si no hay pruebas, ¿por qué formular cargos?

-No lo sé. Quizás sea por la misma razón que formalizó en el Caso Bombas u otros casos tan rimbombantes. Es un criterio de política criminal de la Fiscalía Sur. El fiscal Andrés Montes, que realizó el 75% de la investigación, no llegó a esta conclusión, pero la Sur sí. Es muy fácil formalizar una investigación ya que consiste simplemente en comunicar una imputación de cargos, pero ¿qué tienen para acreditarla?